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Denunciaron en el INADI a los propietarios de Nordelta

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La legisladora Myriam Bregman presentó ante el organismo el caso de las trabajadoras a las cuales no las dejan viajar en los mismos micros que sus patrones.

El caso de las trabajadoras domésticas discriminadas en el transporte urbano en Nordelta llegó al INADI. La legisladora porteña Myriam Bregman hizo la denuncia ante el organismo y afirmó que las empleadas son “segregadas” y “humilladas” al no permitirles viajar en los mismos micros junto a sus propios patrones por tener “mal olor”.

En el escrito presentado ante el INADI, Bregman denunció como “responsables” de esto a la empresa de transporte Trip Co. S.A., MaryGo (que es la única que recorre el barrio) y la administración de Nordelta, ya que “desde hace meses discriminan a estas trabajadoras al no dejarlas transportarse en los micros en los que también viajan los propietarios de las casas en las que ellas mismas trabajan cada día”.

Según el relato de las trabajadoras, en ocasiones la empresa “sólo permite que suban los dueños de las casas” y, en otras, tienen que viajar paradas habiendo asientos libres” porque dejan que los propietarios “coloquen bolsos para ocupar los asientos” y que ellas no puedan sentarse. Otras veces, incluso, fueron “obligadas a descender” de los vehículos.

Las empleadas domésticas denuncian que los habitantes del barrio no quieren viajar con ellas porque “gritan y hablan mucho” o “huelen mal” tras sus largas jornadas de trabajo en las lujosas propiedades, y tomaron la decisión de solicitar a la empresa la prohibición de que accedan a esos micros durante “una reunión vecinal de la Asociación Vecinal Nordelta”.

La legisladora consideró esto una “aberración” que “lesiona los más elementales derechos y afecta la dignidad de las trabajadoras de Nordelta” y resulta “absolutamente ilegal” ya que no se respeta “el derecho de estas trabajadoras a no ser discriminadas por motivos de ‘condición social’” por la ley 23.592 y tratados internacionales.

Bregman solicitó al INADI que intervenga “de inmediato” para que califique esta conducta y que la discriminación cese “de manera urgente”. Además, también solicitó al Congreso que pida un informe de la situación de las trabajadoras a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

El caso se destapó cuando, hartas de esta situación, un grupo de trabajadoras decidió cortar la calle para protestar. Desde entonces, la empresa MaryGo habilitó algunos colectivos escolares para que viajen exclusivamente las empleadas, los cuales no tienen las mismas comodidades, tienen menos frecuencia y hacen un recorrido reducido. Algunas, por su parte, se ven obligadas a tomar más transportes o pagar un remís para poder llegar a sus trabajos.

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