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El gobierno fue contra Arsat y le quitó frecuencias

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Télam Bariloche 27/09/2013 La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó hoy la puesta en marcha del satélite Ar-Sat 1 y de un banco de prueba satelital en la sede del Invap. Foto: Presidencia/Télam/dsl

La decisión va en detrimento del desarrollo y crecimiento de AR-SAT, que hasta ahora tenía «carácter preferencial».

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A través de un DNU, el Gobierno modificó la ley de satélites para favorecer a operadores «públicos o privados». Hasta ahora, la empresa estatal AR-SAT tenía preferencia.

Se trata de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital 27.078, sancionada en noviembre de 2015, la cual declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados.

Ahora, mediante el artículo 11 de esa ley, el Gobierno le otorgó con carácter preferencial una serie de frecuencias a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT), una compañía privada.

Además, desde la gestión de Cambiemos se estableció que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asignará en forma directa a AR-SAT «las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines».

Para el Poder Ejecutivo, esto podrá «generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional, al asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles», por lo cual el ENACOM «otorgará participación a prestadores de carácter regional o local, públicos o privados», la cual no podrá ser menor al 20% de las frecuencias a asignarse.

La justificación del Gobierno para esto es que «resulta necesario y urgente establecer medidas concretas a efectos de posibilitar que el Estado Nacional ponga a disposición de prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las bandas de frecuencias consignadas en la Ley 27.208, reservadas con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales AR-SAT, de manera de promover su utilización para la prestación de los Servicios de Comunicaciones Móviles».

Para el Gobierno, fue necesario tomar esta medida mediante un DNU por «la urgencia que impide aguardar al trámite ordinario de sanción de las leyes» ya que «esperar el trámite legislativo habitual irrogaría un importante retraso que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida».

FUENTE: EL DESTAPE

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