Inicio Política Ginés: «Si hubiera dos vidas, sería el mayor genocidio universal»

Ginés: «Si hubiera dos vidas, sería el mayor genocidio universal»

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El ministro de Salud expuso en la primera audiencia sobre el proyecto. «La genética del movimiento es la justicia social», dijo a sus pares.

Este martes empezó el debate por la ley que habilita la interrupción del embarazo con la visita de funcionarios, que sentaron su postura a favor y hasta empezaron a buscar votos para su sanción. El cronograma no varió: el viernes esperan dictaminar y el 10 aprobar el proyecto en Diputados, con la esperanza de una rápida sanción en el Senado.

El más enfático en buscar los votos que faltan, sobre todo en la Cámara alta, fue ministro de Salud, Ginés González García, que pidió a los legisladores peronistas que lo voten y garanticen su sanción. «La genética del movimiento es la justicia social. Y cuando algo es tan diferente entre las mujeres, porque según sus consecuencias socioculturales pueden hacer algo o no; es la justicia social la que tiene que actuar», sugirió.

Recordó que la ley de salud sexual y reproductiva de 2002 tenía el rechazo de gente que sabía que los productos se vendían en las farmacias, pero «se oponía a que hubiera un plan para los más débiles».

«Entiendo que sufren aprietes, pero  tengan la convicción, la evidencia de que, respetando las creencias, esto tiene una solución para resolverlo. Piensen cuando tengan que decidir lo que sufren las mujeres en estas condiciones. Tienen la posibilidad de cambiar la historia», alentó Ginés.

Sus frases fueron un mensaje a los diputados del Frente de Todos que aún están indecisos y resultan claves para aprobar el proyecto el 10 de diciembre. Pero sobre todo a los senadores oficialistas que piden freezarlo, como el jefe José Mayans.

El ministro expuso vía zoom ante el plenario de comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, coordinado por Cecilia Moreau desde el salón Delia Parodi del Palacio, junto a la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra y a la ministra de Mujeres y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta.

Se acercaron el resto de las autoridades de las comisiones y los diputados se mantuvieron conectados al VPN.

«La penalización ha fracasado. El aborto puede ser seguro o no. ¿Qué le ofrecemos a las personas en peores condiciones?: amenaza de cárcel. Queremos atenderla en un centro de salud, que pueda recibir información y cortar el círculo de volver a abortar», sostuvo Ibarra.

La única opción es entre aborto clandestino o legal. Lo ideal sería que no haya embarazo no deseado, pero legislamos en el país que tenemos. Hay mujeres para las cuales la maternidad forzada no es una opción.

«La única opción es entre aborto clandestino o legal. Lo ideal sería que no haya embarazo no deseado, pero legislamos en el país que tenemos. Hay mujeres para las cuales la maternidad forzada no es una opción. Pero las mujeres no nos embarazarnos para abortar», agregó la funciionaria y detalló el proyecto que tenía escrito desde marzo y habilita la interrupción del embarazo en la semana 14 y «después sigue todo igual».

En realidad, como explicó luego Gómez Alcorta, las penas bajan hasta hacerlas excarcelables. Podrán acceder a la intervención a los 16 años y se acepta la objeción de conciencia individual, rechazada por la campaña a favor de la ley, pero con la garantía de asegurar a tiempo con riesgo de una demanda penal.

«Hay que entender que se trata de un delito doloso, porque se niega la práctica. Buscamos no imponer una mirada, pero hay mucho objetor de conciencia a partir de la judicialización», explicó la ministra.

Se pule la redacción del artículo 86 del Código Penal que habilita el aborto en tres casos: demencia, riesgo de vida y violación, avalado por la Corte Suprema. Se trata de una traducción del alemán de 1921 que dio lugar a múltiples interpretaciones hasta la ratificación fallo judicial, en 2012.

Las diputadas celestes Marcela Campagnoli y Carmen Polledo, de la Coalición Cívica y del PRO, ratificaron su rechazo a la ley pero se mostraron abiertas a una despenalización, como le llaman a quitar las penas por abortar pero no habilitar la práctica. «Es un avance», celebró la macrista Silvia Lospennato.

Las preguntas fueron escritas, leías por Moreau y motivo de varias definiciones de Gines e Ibarra. El ministro dijo que un misoprostol, la pastilla utilizada para abortar, puede costar hasta 10 mil pesos y evita riesgos de internación ambulatoria, motivo de un mayor gasto de salud, mientras un aborto clandestino demanda hasta 50 mil pesos.

Los diputados celestes le exigieron estimar cuanto puede significar el gasto del aborto legal y gratuito y se negó a especular cifras. «No es el objetivo de la ley. El sector público siempre pone lo que pasa. El sector privado siempre enmascara con algún diagnóstico».

Acá no hay dos vidas como dicen algunos: es una sola persona y lo otro es un fenómeno que no está correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal.

Más hábil estuvo cuando le preguntaron sobre el inicio de la vida, eje de la resistencia a la ley. «Eso es según la religión. Hay algunas donde está prohibida la masturbación para entienden que matan a n ser. El mundo no resuelve cuando empieza la vida, sino la persona».

«Acá no hay dos vidas como dicen algunos: es una sola persona y lo otro es un fenómeno que no está correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal».

Ibarra lo ayudó con estimaciones de los abortos clandestinos, en cifras publicadas por Amnistía Internacional. «En función de egresos hospitalidad 370 mil abortos clandestinos. Y sólo en 2019 hubo 2800 abortos legales (en los casos que están habilitados). La ILE nos está mostrando que en argentina suceden miles de abortos».

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