Inicio Política Juicio por la Obra Pública: Se reanuda la persecución a CFK

Juicio por la Obra Pública: Se reanuda la persecución a CFK

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Muchos testigos que declararon en el debate oral demolieron la acusación. Un ingeniero que hizo la auditoría sobre la que se basó la denuncia contra Cristina comprometió al denunciante, el macrista Javier Iguacel. Las inconsistencias de un caso que instruyó el juez Ercolini y que si se cae puede derribar las causas Hotesur y Los Sauces.

Este lunes se reanuda el juicio de la Obra Pública en Santa Cruz, una de las causas paradigmáticas del Lawfare que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. El caso, que se inició en 2016 con una denuncia del entonces funcionario macrista, Javier Iguacel, está repleto de irregularidades, algo que quedó claro en el debate oral con la declaración de muchos testigos que demolieron la acusación. El devenir de este proceso es clave por muchos motivos, sobre todo en un año electoral. Un dato no debe pasar desapercibido: si se cae puede derribar las causas Hotesur y Los Sauces, donde está involucrada CFK y su familia.

El reinicio del juicio es este lunes a las 9.30 con un único testimonio, el de Leonardo Durante, ya que los de Jésica Caballero y Omar Riveros que estaban previstos para esta jornada fueron suspendidos. A lo largo del debate oral, que comenzó en mayo de 2019 -tres meses antes de las PASO presidenciales-, declararon 41 testigos pero faltan declarar aún otros 98, entre los que se encuentran el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; y Juan Manuel Abal Medina, todos exjefes de gabinete de Cristina y responsables de la ejecución del presupuesto. También debe prestar testimonio Iguacel.

La causa de la Obra Pública en Santa Cruz se inició durante el gobierno de Macri por una denuncia de Iguacel en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio Iguacel al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio interviene el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 y el fiscal Diego Luciani.

La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio.

Por ejemplo, Justo Pastor Romero, uno de los dos ingenieros que firmó el informe de auditoría en el que se basa la denuncia que dio inicio a la causa, demolió la acusación en diciembre pasado: “De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios”, aseguró el especialista, quien también dijo que jamás consideró que el trabajo que hizo iba a ser usado para una acusación penal. Fue tal el impacto de su declaración –duró casi 7 horas- que hasta hubo pedidos de extracción de testimonio para que se investigue a Iguacel por la probable comisión de delitos. En un sentido similar también se expresó en el juicio el contador Marcelo Bianchi, titular de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Dirección Nacional de Vialidad, quien firmó el estudio que luego utilizó Iguacel para su denuncia.

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