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Stornelli pidió que caso de espionaje ilegal pase a Comodoro Py

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El fiscal dictaminó a favor de un planteo de Gustavo Arribas, extitular de la AFI macrista, cuando está procesado en el D’Alessiogate donde se investigan ilegalidades ordenadas por la exSIDE.

El fiscal Carlos Stornelli dictaminó a favor de un planteo del exdirector general de la AFI macrista, Gustavo Arribas, y pidió que la causa por espionaje ilegal que se investiga en los tribunales de Lomas de Zamora pase a Comodoro Py. Pero las relaciones cruzadas de los investigadores porteños con la exSIDE reflejan que no debieran intervenir en el caso que se abrió a pedido del exseñor 5.

Stornelli está procesado en el marco del D’Alessiogate por sus vínculos con una banda paraestatal dedicada a realizar actividades ilegales de inteligencia. Según esa pesquisa que tramita en la Justicia de Dolores, la organización criminal tenía un nexo directo con la AFI que comandó Arribas. Es decir: el fiscal también está involucrado en una causa por espionaje ilegal en la que aparece la agencia que condujo el escribano por lo que no habría que descartar cierto interés de su parte en beneficiar al exjefe de la Casa de espías.

Como si esto fuera poco, la jueza porteña que debe resolver el pedido del exseñor 5 y Stornelli es María Eugenia Capuchetti, cuya hermana revistó en la AFI bajo las órdenes de uno de los imputados en la causa de Lomas de Zamora: Martín Coste. La hermana de la magistrada, entre otras cosas, participó en la transcripción de las escuchas del “caso Segovia”, que alimentaron la Operación Puf, de la que Stornelli fue un ferviente impulsor. No era para menos. Con ese expediente –que aún sigue abierto en Py-, el fiscal procesado buscó derribar el D’Alessiogate.

“Hablando de transcripciones, escuchas, esta señora Capuchetti, ¿dónde hacía transcripciones? ¿En Contrainteligencia?”, le preguntó Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, a un exdirector de la AFI macrista, con 17 años en la agencia, el 21 de julio pasado. “Sí, conmigo. Dependía de mí, Capuchetti. De hecho, hacía Segovia”, respondió ante la comisión parlamentaria el espía cuyo nombre se mantendrá en reserva. Se trata la hermana de la jueza que debe resolver el planteo de Arribas que tuvo el respaldo de Stornelli.

Capuchetti es una agente de carrera que ingresó en 2002 a la exSIDE y pidió jubilarse en el último tiempo. Según se desprende del testimonio en el Parlamento prestó funciones en la dirección de Contrainteligencia, que entre 2018 y 2019 estuvo al mando de Martín Coste, imputado en la causa de Lomas de Zamora que Stornelli pide que pase a Comodoro Py. En el marco del expediente en disputa, el fiscal Santiago Eyherabide requirió este lunes que se procese a Coste junto a Arribas y Silvia Majdalani por sus roles en el espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido a mediados de 2018.

La causa Segovia a la que se hizo referencia en el Congreso fue la que sirvió de coartada para realizar escuchas en el penal de Ezeiza donde estaban detenidos los llamados presos K. Esas intervenciones telefónicas son las que alimentaron la Operación Puf, que promovió Stornelli en 2019 cuando su nombre quedó pegado al del espía ilegal Marcelo Sebastián D’Alessio. Este cuestión también se investiga en el marco de la causa de Lomas de Zamora, de hecho hubo procedimientos en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

De acuerdo a los testimonios que surgen de la bicameral parlamentaria, Capuchetti intervino en el caso Segovia. Como había una duplicación de escuchas en la AFI no está claro de dónde provino la filtración. En el área de Contrainteligencia, donde revistaba la hermana de la jueza, apuntan a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que tenía un equipo de escuchas paralelo. Ambas direcciones intervinieron en la causa Segovia.

Jurídicos estuvo al mando de Juan Sebastián De Stéfano, militante radical vinculado a Daniel “Tano” Angelici. De Stéfano, que se había negado a concurrir a la primera citación en el Parlamento, se presentó este martes en la bicameral de Inteligencia y acercó un escrito en el que dice que no fue responsable de ninguna ilegalidad y apuntó contra Coste. No aceptó preguntas.

Operación Puf

El mismo día que Horacio Verbitsky daba a conocer en El Cohete a La Luna el D’Alessiogate, es decir el 8 de febrero de 2019, ingresaban en los tribunales de Retiro dos denuncias basadas en escuchas que tenían un origen “anónimo”, es decir, ilegal.  Una de esas presentaciones la hizo Stornelli. La otra, Elisa Carrió, ambos involucrados en el caso que tramita en Dolores. Eran denuncias calcadas estructuradas en el mismo material que alimentó lo que se conoció como Operación Puf, una causa que apuntó contra los presos K con el objetivo de desacreditar el D’Alessiogate. La denuncia de Stornelli derivó en el expediente 1341/2019, que se terminó cerrando por falta de elementos. La de Carrió la impulsó Claudio Bonadío y hoy sigue abierta.

¿De dónde habían salido las escuchas que alimentaron esas denuncias? De la “causa Segovia”, en la que intervino Capuchetti, la hermana de la jueza. En esa causa, por pedido de la AFI y orden de la justicia de Lomas de Zamora, la DAJUDECO intervino el penal de Ezeiza donde estaban detenidos los presos K. Con la excusa de escuchar al narco Mario Segovia por una causa relacionada a un artefacto explosivo se terminó registrando las conversaciones de diversos exfuncionarios kirchneristas detenidos. Esos audios pasaron de la Dajudeco a la AFI para ser transcriptos. El material, que debió destruirse porque no tenía nada que ver con la investigación, el macrismo lo hizo circular por medios de comunicación afines y se tradujo en dos denuncias desesperadas que buscaron derribar una causa que no hizo más que crecer.

Aún no está claro de dónde provino la filtración de las escuchas que tuvo la AFI. Pero sí quiénes escucharon a los presos K y luego transcribieron sus conversaciones.

FUENTE: EL DESTAPE

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